El Gobierno defiende el cierre de la agencia Télam y dice que “no hace falta” que pase por el Congreso.

El Gobierno defiende el cierre de la agencia Télam y dice que “no hace falta” que pase por el Congreso.

El presidente Javier Milei anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, argumentando que había sido utilizada como un instrumento de propaganda durante décadas. Este anuncio generó controversia, especialmente debido a la falta de un decreto o resolución que formalizara el cierre. A pesar de la ausencia de un marco legal claro, el Gobierno insiste en su decisión de clausurar la agencia, alegando tener herramientas legales para hacerlo.

La situación se complica debido a la ausencia de un proceso legislativo formal para el cierre de Télam. Aunque el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 derogó la ley que creó las Sociedades del Estado, permitiendo su transformación en sociedades anónimas, esta medida no aborda directamente el cierre de la agencia. El debate sobre el cierre de Télam ha generado reacciones diversas, con apoyo por parte de algunos sectores políticos y críticas por parte de asociaciones de periodistas y corresponsales extranjeros en el país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que se presentará un plan para el cierre de Télam y el destino de sus empleados. Según Adorni, el cierre de la agencia responde a la necesidad de reducir el gasto público, citando las pérdidas financieras significativas de la agencia. A pesar de las afirmaciones del Gobierno, la falta de claridad sobre los detalles legales del cierre plantea interrogantes sobre el proceso a seguir.

Mientras tanto, el interventor designado por el oficialismo, Diego Chaher, había expresado previamente su intención de administrar eficientemente la agencia, sin mencionar su cierre. Sin embargo, las recientes acciones del Gobierno contradicen esta postura inicial, generando confusión y preocupación entre los empleados y la comunidad periodística en general.

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El cierre de Télam se suma a una serie de medidas destinadas a reducir el gasto público, incluyendo la suspensión de la obra pública, la eliminación de la pauta publicitaria y el cierre de instituciones como el Inadi y el Ministerio de la Mujer. A medida que el Gobierno avanza en su plan de cierre, se espera una mayor claridad sobre los aspectos legales y operativos de esta decisión.