El Estado provincial, a raíz de un programa creado por la Secretaría de Derechos Humanos, pagará una suma mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil a hijos de quienes presuntamente hayan sido víctimas de violencia institucional, es decir de intervenciones arbitrarias e ilegítimas de miembros de fuerzas policiales.

Según señala el Decreto al que tuvo acceso Diario TAG, la «reparación» económica será inembargable y retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido antes de la implementación de este nuevo instrumento.

El «Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de violencia institucional» pretende brindar asistencia económica transitoria a los hijos de personas «víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco que hayan ocurrido dentro del territorio de la provincia».

Además, en el Decreto se detalla que cuando los destinatarios de la prestación sean menores de 18 años o personas con discapacidad, esta debe ser percibida por quien se encuentre a su cuidado.

Insiste el documento en señalar que los destinatarios serán los hijos menores de 18 años e hijos con discapacidad, de cualquier edad, de «presuntas» víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los miembros de la Policía de la Provincia del Chaco o del Servicio Penitenciario Provincial. Esto pone en evidencia que se podrá acceder al monto mensual, independientemente el estado en que esté la denuncia que cualquier persona haya realizado contra algún miembro de las fuerzas mencionadas.